La digitalización de los tratamientos fitosanitarios vuelve a generar preocupación entre los agricultores españoles. La organización agraria ASAJA ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aplazar hasta el 1 de enero de 2028 la obligación de mantener registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios, según recoge ARAG-ASAJA en una nota de prensa del pasado viernes 13 de noviembre.
La exigencia está contemplada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564. Aunque la Comisión Europea ya ha concedido un aplazamiento, la organización considera que el sector todavía no reúne las condiciones necesarias para cumplir con esta obligación de forma generalizada.
Según ARAG-ASAJA, las pequeñas y medianas producciones agrarias se encuentran entre las más afectadas, debido a sus limitaciones técnicas, económicas y administrativas. A estas dificultades se suman los problemas de conectividad en determinadas zonas rurales, donde la cobertura insuficiente complica el uso de aplicaciones y plataformas digitales.
La organización también señala las necesidades de formación y acompañamiento de los agricultores de mayor edad. En este contexto, advierte de que exigir el cumplimiento en los plazos actuales podría incrementar la carga burocrática y generar inseguridad jurídica, además de posibles sanciones para explotaciones que actúan de buena fe.
ASAJA reclama flexibilidad en las herramientas y en los plazos de registro
Uno de los principales aspectos que plantea la organización es la diferencia entre el registro electrónico de tratamientos fitosanitarios y el Cuaderno Digital de Explotación (CUE). ARAG-ASAJA recuerda que la normativa europea exige disponer de registros electrónicos legibles por máquina, pero no obliga a utilizar una aplicación específica ni un sistema nacional determinado. Por ello, solicita que los agricultores puedan elegir libremente la herramienta digital que mejor se adapte a sus necesidades, siempre que cumpla los requisitos técnicos establecidos. Entre las alternativas mencionadas figura el uso de hojas de cálculo como Excel.
Además, ASAJA reclama modificar el plazo de anotación de los tratamientos. Frente a la exigencia de registrar la información en los 30 días posteriores a la aplicación del producto fitosanitario, propone que el Gobierno aproveche la flexibilidad prevista en la normativa europea e incorpore a la normativa española la posibilidad de registrar los tratamientos hasta el 31 de enero del año siguiente al de su aplicación. La organización también pretende trasladar esta preocupación al ámbito comunitario. Para ello, ha solicitado al Ministerio de Agricultura que impulse una iniciativa conjunta con otros Estados miembros e incluya la cuestión en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (AGRIFISH), dentro del apartado de «Otros asuntos».
ASAJA considera que estas dificultades también afectan a producciones de otros países de la Unión Europea. Por este motivo, prevé establecer contactos con organizaciones agrarias de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía, con el objetivo de trasladar una posición compartida a las instituciones europeas y los respectivos gobiernos nacionales. Asimismo, la organización buscará compromisos para aplazar esta obligación en las reuniones previstas con los partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Pese a sus reclamaciones, ASAJA insiste en que respalda la digitalización del sector agrario y reconoce sus beneficios para la trazabilidad y la gestión de las explotaciones. No obstante, defiende que su implantación debe desarrollarse de manera gradual, con plazos realistas y medidas de apoyo que faciliten la adaptación de los agricultores.
