Desde ASFAC alertan de la preocupación de las empresas catalanas vinculadas a la alimentación animal y la ganadería ante la próxima aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR). La falta de una solución viable para adaptar la cadena internacional de suministro de soja podría provocar problemas de abastecimiento, incrementos de costes y una pérdida de competitividad para un sector estratégico en Cataluña.
Por este motivo, ASFAC (Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos) se ha unido a una veintena de organizaciones representativas de la alimentación animal, la producción ganadera, las cooperativas, el comercio de materias primas, el almacenamiento portuario y la industria cárnica para reclamar conjuntamente una solución urgente a las administraciones españolas y a las instituciones europeas.
La declaración conjunta ya se ha trasladado a eurodiputados y a diferentes comunidades autónomas para evidenciar que no se trata de una preocupación aislada, sino de un problema compartido por toda la cadena española de la soja.
La preocupación traspasa las fronteras europeas
La preocupación por los efectos del EUDR ha llegado también fuera de la Unión Europea. El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, ha advertido públicamente del impacto que la aplicación del reglamento puede tener sobre los costes de la cadena alimentaria europea y ha reclamado reducir las cargas de cumplimiento para los países que presentan un riesgo de deforestación insignificante.
En su argumentación, Puzder se hace eco de las últimas estimaciones de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (FEFAC), que calculan que la adaptación al EUDR podría generar unos costes adicionales de hasta 1.400 millones de euros en 2027 para el sector europeo de la alimentación animal y la ganadería. El estudio sitúa actualmente en unos 30 euros por tonelada la prima de riesgo de la soja compatible con el EUDR.
El posicionamiento estadounidense se suma así a las advertencias que desde hace meses llegan de diferentes actores de la cadena agroalimentaria sobre la necesidad de que los objetivos ambientales del EUDR vayan acompañados de un sistema de aplicación viable y que no genere distorsiones en el suministro ni sobrecostes innecesarios.
Cataluña, en el centro de la industria de los piensos
El impacto es especialmente relevante para Cataluña. España es el primer productor de piensos compuestos de la Unión Europea, con 39,4 millones de toneladas producidas en 2025. Cataluña es la primera comunidad productora, con 8,4 millones de toneladas y el 20,8% de la producción española, seguida de Aragón, con el 16%. Entre ambas concentran más de un tercio de la producción estatal.
Esta industria forma parte de un sector agroalimentario que genera cerca de 58.000 millones de euros de volumen de negocio, representa el 18,3% del PIB catalán y ocupa a más de 177.000 personas, según datos de ACCIÓ y Prodeca.
La soja existe, pero puede no estar disponible para el mercado europeo
El problema no es la falta de soja en el mercado mundial, sino que una parte de los flujos habituales podría no poder entrar en la UE bajo las condiciones actuales que marca el EUDR.
A pocos meses de su aplicación, operadores y fabricantes de piensos ya detectamos una fuerte limitación de ofertas firmes de soja y derivados para entregas en 2027 con garantías suficientes de cumplimiento de la normativa, en unas fechas en las que habitualmente una parte de estas necesidades ya estaría contratada.
España es especialmente vulnerable por la dimensión de su industria ganadera y de fabricación de piensos y por su elevada dependencia de proteínas vegetales importadas. En 2025 se utilizaron 4,87 millones de toneladas de harina de soja en la fabricación de piensos en España. Una restricción del suministro afectaría al coste de los piensos, a la competitividad de la ganadería y la industria cárnica y, finalmente, a la disponibilidad y al precio de los alimentos.
Una cadena logística difícil de segregar
La soja se transporta mayoritariamente a granel a través de una compleja red de centros de acopio, silos, plantas de transformación, terminales portuarias, buques y transportes terrestres, donde la agregación de partidas forma parte del funcionamiento habitual.
Aplicar una segregación física permanente compatible con el EUDR obligaría a adaptar o duplicar infraestructuras de almacenamiento, manipulación y transporte y a reorganizar flujos comerciales completos. Unas adaptaciones que no pueden desplegarse a corto plazo y sobre las que tampoco existe certeza de que puedan asumir los volúmenes que necesita Europa.
Pedimos una alternativa viable
Las organizaciones firmantes no cuestionan los objetivos ambientales del reglamento ni la necesidad de combatir la deforestación. Reclaman que las obligaciones sean verificables, proporcionadas y aplicables a la realidad de cada cadena de suministro.
Entre las propuestas plantean un sistema auditable de certificados o de balance de masas adaptado al EUDR, que mantenga la geolocalización y verificación en origen, las auditorías independientes y la trazabilidad documental, sin obligar a que cada tonelada de soja se mantenga físicamente segregada durante todo el recorrido.
También reclaman que se haga pública la evaluación técnica que ha llevado a optar por la segregación física, que se realicen pruebas en condiciones comerciales reales y que no se apliquen plenamente obligaciones cuya viabilidad no haya sido demostrada previamente.
Carme Soler, directora de ASFAC, advierte:
“Compartimos el objetivo de luchar contra la deforestación, pero necesitamos una fórmula que permita hacerlo sin poner en riesgo el suministro de soja. A día de hoy, los proveedores todavía no nos ofrecen precios para 2027 porque no saben qué condiciones tendrán que cumplir, qué coste tendrán ni, incluso, si el sistema será viable. No podemos esperar a que aparezcan los problemas de abastecimiento para buscar una solución. En los últimos dos años, la aplicación del EUDR se ha tenido que posponer porque no se llegaba con las condiciones necesarias. A poco más de dos meses para acabar el año, volvemos a estar en el mismo punto.”
Además de ASFAC, la declaración ha sido suscrita por organizaciones de toda la cadena agroalimentaria, entre ellas FAC, FECIC, JARC y PORCAT, junto con entidades estatales representativas del comercio de cereales y oleaginosas, fabricantes de piensos, ganadería, industria cárnica, avicultura, cooperativas y almacenamiento portuario.
Desde ASFAC reclaman actuar antes de que el riesgo potencial se convierta en un problema real de suministro.
Descubre la entrevista a la directora de ASFAC, Carme Soler, realizada durante la Asamblea General de ASFAC y QualimaC en mayo 2026
