28 Abr 2025
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema), Felipe Vilas, ha comparecido el pasado 23 de abril ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid para advertir del impacto negativo que está teniendo el Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios en el ejercicio profesional.
Durante su intervención, Vilas denunció que esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Agricultura, perjudica seriamente la capacidad de los veterinarios para ejercer su labor, especialmente en el ámbito de los animales de compañía. Señaló que el sistema Presvet —establecido para controlar el uso de medicamentos— está generando una situación crítica, enfrentando a los profesionales al dilema de actuar conforme a su código deontológico o exponerse a sanciones.
“La profesión veterinaria está completamente unida frente a este problema”, aseguró el presidente de Colvema, quien destacó la creación de un comité de crisis que agrupa a todos los actores del sector: asociaciones científicas, sindicatos, empresarios, colegios profesionales y facultades de Veterinaria.
Vilas lamentó la falta de diálogo por parte del Ministerio de Agricultura, que hasta ahora ha ignorado las reiteradas solicitudes de reunión. También cuestionó la interpretación del reglamento europeo por parte de España, calificando el sistema Presvet como innecesario, restrictivo y ajeno a las exigencias reales de Bruselas.
En su discurso, también hizo hincapié en el compromiso histórico de la profesión con el uso responsable de los antibióticos, recordando que los veterinarios han sido clave en la reducción del consumo de antimicrobianos y en la lucha contra la resistencia bacteriana.
“Estamos capacitados no solo para prescribir, sino para custodiar y administrar los tratamientos necesarios”, afirmó, insistiendo en que limitar estas funciones pone en riesgo la salud animal y el bienestar de los pacientes.
El mensaje final fue claro: la normativa actual impone una burocracia excesiva, criminaliza a los profesionales y compromete el principio de que ningún sanitario debería actuar contra su código ético. El sector exige una revisión urgente del decreto para poder seguir cumpliendo con su papel esencial en el marco del enfoque One Health.
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