A pesar de este dinamismo, la estructura productiva muestra señales de tensión. El censo bovino nacional disminuyó un 2 %, una tendencia que se repite a nivel comunitario con una caída del 2,3%.
22 Ago 2025
En 2024, el sector español de la carne de vacuno experimentó un notable incremento económico: el valor de su producción alcanzó los 4641 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2023. Este crecimiento se explica tanto por un incremento del volumen producido (0,6 %) como por la elevación de los precios medios.
El sector representa una parte significativa de la ganadería nacional: el 17% de la Producción Final Ganadera (PFG) de España. En el ámbito comunitario, el conjunto del vacuno de carne generó en 2024 aproximadamente 38 mil millones de euros, y España contribuyó con cerca del 12%, situándose como el tercer país de la UE por detrás de Francia y Alemania.
A pesar de este dinamismo, la estructura productiva muestra señales de tensión. El censo bovino nacional disminuyó un 2 %, una tendencia que se repite a nivel comunitario con una caída del 2,3%.
Esta reducción afecta especialmente a categorías clave como las vacas nodrizas o los terneros, lo que ha contribuido a mantener los precios al alza ante una oferta más limitada.
El informe también destaca el buen comportamiento del comercio exterior: las exportaciones de carne de vacuno crecieron un 7 %, situándose en torno a los 1 650 millones de euros.
Durante la reunión sectorial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los representantes del sector analizaron además las novedades de la Política Agraria Común (PAC) para la campaña 2025, incluyendo ajustes en los ecorregímenes y ayudas asociadas al vacuno de carne.
También se evaluaron los efectos del acuerdo UE-Mercosur, que modifica los contingentes arancelarios para la importación de carne de vacuno, aunque se mantiene el compromiso de que cualquier producto importado cumpla con los estándares europeos de seguridad y bienestar animal.
Por último, el Reglamento (UE) 2023/1115, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, preocupa al sector por los nuevos requisitos de trazabilidad y sostenibilidad que introduce.
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