“España está acostumbrada a lidiar con períodos de sequía, pero debido al cambio climático, ahora es un impacto mayor. Para hacer frente a esto se requiere planificación y ayuda a corto plazo”, señaló Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
El gobierno español aprobó un paquete de medidas por un valor de 2.190 millones de euros, con el fin de alivianar los efectos de la fuerte sequía que golpea a buena parte del país.
La medida, calificada por el poder ejecutivo como «sin precedentes», fue evaluada y aprobada por un Consejo de Ministros extraordinarios el pasado jueves 11 de mayo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 1.400 millones de euros a enfrentar la sequía y mejorar la disponibilidad de agua, mediante la construcción de plantas desaladoras, y tuberías para distribución.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura aportará 784 millones de euros a apoyar a los agricultores y ganaderos, y evitar así escasez de productos agrarios. Dichos fondos serán distribuidos en su mayoría como ayudas directas: 355 millones de euros se destinarán al sector ganadero, 276 millones para el sector agrícola, y 5 millones para la apicultura.
El sector agrario español padece desde hace meses escasez de agua y excesos de temperaturas. En algunas regiones, como el oeste de Andalucía, los registros pluviométricos indican que se trata de la peor sequía desde 1970.
El primer cuatrimestre del año registró la mitad de las lluvias de su promedio histórico, provocando en muchos casos pérdidas totales en los cereales de invierno (trigo, cebada, centeno, etc).
“España está acostumbrada a lidiar con períodos de sequía, pero debido al cambio climático, ahora es un impacto mayor. Para hacer frente a esto se requiere planificación y ayuda a corto plazo”, señaló Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.
Los datos de temperatura también son preocupantes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), abril del corriente año fue el más caluroso desde que se tenga registros. Las elevadas temperaturas obligaron a las autoridades a tomar medidas para proteger a los trabajadores rurales. Desde el ejecutivo, se instó a las empresas a reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales. Las actividades al aire libre quedarán prohibidas siempre que la AEMET active la alerta naranja o roja.
La batería de medidas del gobierno tiene varios objetivos, entre los que se encuentra evitar una escalada inflacionaria ocasionada por una menor oferta de productos. Este fenómeno ya ocurre en algunos productos como el aceite de oliva, cuyo precio se disparó cerca de un 30% debido a la situación climática.
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